Por: Multimedio.com.ar/ Por Guillermo Apdepnur

En una semana marcada por la presión de las paritarias y las tensiones legislativas, la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires se prepara para debatir un proyecto que podría redefinir el vínculo financiero entre el gobierno provincial y los municipios: la condonación de deudas por unos 7.900 millones de pesos que los distritos bonaerenses mantienen con la Provincia, surgidas en el marco del Fondo Especial de Emergencia Sanitaria para la Contención Fiscal Municipal, creado en 2020 por el gobernador Axel Kicillof en plena pandemia.

La iniciativa, impulsada por el diputado de Unión por la Patria Juan Pablo de Jesús, representante de la quinta sección electoral y dirigente del Partido de la Costa, propone dejar sin efecto la obligación de devolución de estos fondos, argumentando que la situación económica de los municipios —muchos de ellos en emergencia financiera, como es el caso de Villa Gesell— se ha agravado notablemente, imposibilitando afrontar compromisos asumidos en otro contexto.

“La Provincia comenzó a retener los importes correspondientes a la devolución de los fondos en un momento donde la baja de la actividad económica golpea con fuerza las arcas municipales”, señala De Jesús en los fundamentos del proyecto.

El corazón del debate: asistencia o maniobra política

La propuesta se presenta como un gesto de respaldo institucional a las administraciones locales, muchas de las cuales —independientemente del signo político— enfrentan serias dificultades para sostener servicios básicos, pagar sueldos y atender emergencias sociales. La condonación, por tanto, podría significar un alivio inmediato, descomprimiendo sus balances en un año presupuestariamente restrictivo.

Sin embargo, detrás del aparente consenso técnico se oculta el núcleo del conflicto político: ¿es esta una herramienta legítima de asistencia del Estado provincial a sus municipios o una jugada de tinte electoral para recomponer el diálogo con los intendentes oficialistas y sumar adhesiones legislativas en un escenario de creciente fragmentación interna dentro del oficialismo?

La desconfianza crece en ciertos sectores de la oposición —como el radicalismo y algunos libertarios— que advierten que este tipo de decisiones desequilibra el balance fiscal de la Provincia. “No se puede construir un orden macroeconómico duradero si cada administración que se enfrenta a un problema lo resuelve trasladando pasivos al nivel superior de gobierno”, sostuvo un legislador opositor durante el debate en comisión.

Impacto fiscal: ¿solidaridad o irresponsabilidad financiera?

Desde la perspectiva técnica, la condonación significaría para la Provincia una pérdida contable relevante —7.900 millones que dejarían de ingresarse a las arcas provinciales—, en un momento donde la administración bonaerense debe afrontar compromisos salariales crecientes y un contexto inflacionario que limita su margen de maniobra. La medida, además, podría abrir la puerta a un efecto contagio: ¿qué sucederá si otros distritos con deudas similares reclaman el mismo tratamiento, incluso fuera del contexto pandémico?

Por otro lado, los defensores del proyecto alegan que ya no es viable exigir esos pagos sin comprometer la gobernabilidad local. La provincia ha comenzado a efectuar las retenciones, lo que ha generado tensiones y advertencias por parte de varios intendentes.

Repercusiones políticas

El diputado Juan Pablo de Jesús emerge como una de las figuras clave detrás de este proyecto. Su rol no es menor: representa a una región fuertemente afectada por la estacionalidad económica y el turismo —la Costa Atlántica— y donde muchos municipios, como el suyo propio (el Partido de la Costa), ven con buenos ojos la iniciativa. Su liderazgo en este tema busca también reposicionarlo políticamente dentro de un peronismo bonaerense que atraviesa una etapa de realineamientos.

En paralelo, otros espacios como UCR + Cambio Federal, a través de su presidente Diego Garciarena, han presentado propuestas similares, lo que demuestra que la idea tiene eco en distintas bancadas, aunque no necesariamente por las mismas razones.

¿Un proyecto de alivio real o un salvavidas selectivo?

La clave estará en el tratamiento que reciba el proyecto en el Senado, donde las internas en Unión por la Patria y la falta de acuerdos sólidos podrían postergar —o incluso enterrar— la iniciativa. La tensión entre la necesidad de sostener financieramente a los municipios y la urgencia de preservar el equilibrio fiscal provincial será el eje del debate.

La pregunta de fondo no es solo técnica, sino política: ¿puede la Provincia darse el lujo de condonar casi 8 mil millones de pesos en un momento de ajuste nacional y caída de la recaudación? ¿O es necesario hacerlo para evitar males mayores, como el colapso de la gestión municipal?

El próximo miércoles, en la Cámara de Diputados, podría comenzar a esbozarse la respuesta.