Por: El destape

La rebelión es especialmente representativa del estado de las cosas en múltiples dimensiones. Desde una perspectiva estrictamente institucional revela el buen funcionamiento de un sistema de contrapeso de poderes. El país es presidencialista, pero el presidente está lejos de tener un poder absoluto como pretende su furia. Así, junto a la división republicana de poderes está el federalismo. Para empezar, los estados provinciales, unidos, tienen más poder que el titular del Ejecutivo. 

Es más, si los gobernadores quisiesen, podrían destituir al primer mandatario por la sola voluntad vía juicio político por mal desempeño. Se trata de una facultad constitucional.

 El inicio y la resolución del juicio demandarían sumar los dos tercios de ambas cámaras del Congreso, donde el presidente está lejos de contar con el tercio protector en cualquiera de los dos recintos. Sin embargo, la suma de estos dos tercios supondría una alianza todavía improbable entre el peronismo y Juntos por el Cambio.   

  Desde la política, en tanto, se destacaba que no eran pocos los gobernadores, y no solo los cambiemitas, dispuestos a apoyar las reformas de Milei, como se expresó en la votación abortada de la ley ómnibus. Sin embargo, la realidad es dinámica y se produjo una reacción contra una conducta presidencial cada vez más inapropiada, intolerante e impredecible. Nada que no se conociese desde los tiempos de panelista televisivo del mandatario, pero que el ascenso al poder parece haber exacerbado. En circunstancias normales se podría haber interpretado la rebelión de las provincias como el inicio de una estrategia de negociación, pero como quedó demostrado con la ideologizada respuesta de la “oficina del presidente”, el mileísmo no parece considerar al verbo “negociar” como parte de su acción política. 

 

La orden inmediatamente bajada al ejército de trolls de la Casa Rosada fue la de hostigar a los gobernadores y reclamarles ajuste. 

La vehemencia oficial le cerró la puerta hasta a quienes continuaban ofrendándose como aliados naturales, como algunos de los propios gobernadores, parte de los legisladores de Juntos y el bloque que conduce Miguel Pichetto.

 Esta conducta destemplada fue el dato básico que se llevaron los auditores del FMI en su visita de esta semana. Las dudas de los funcionarios del organismo no residen hoy en la potencial resistencia popular al súper ajuste, que por ahora sigue bajo control, sino en la capacidad política del presidente para conducirlo sin echar leña al fuego.   

 

 

 

 

 Finalmente está la dimensión económica. El sistema de coparticipación federal de impuestos es un verdadero laberinto para abarcarlo en una sola mirada, pero a nivel de los grandes agregados está compuesto por transferencias automáticas, otras “no automáticas”, es decir elevadamente discrecionales, y una sumatoria de fondos creados por leyes y decretos, como entre otros, el de Incentivo Docente, el del Financiamiento del transporte o el Fiduciario para el desarrollo provincial. 

 

También por otro aspecto muy relevante: el endeudamiento, tanto en pesos como en divisas. No debe olvidarse que en el período 2015-19 el Estado nacional indujo a las provincias a endeudarse en dólares, tentación o encerrona en las que muchas cayeron. 

 

El equilibrio de las cuentas públicas provinciales depende entonces de los ingresos por impuestos propios, fundamentalmente tres, Ingresos Brutos, Automotor e Inmobiliario (amen de en menor medida sellos, regalías, juegos, etc.) y las citadas tres fuentes a través de las que llega la coparticipación: automática, discrecional y fondos específicos. Tomando datos de 2022, las provincias recibieron en promedio a través de Nación el 46,5 por ciento de sus recursos presupuestarios. Con estos pocos elementos se comprende que hay provincias que tienen fragilidad fiscal, otras fragilidad financiera y finalmente las que suman las dos fragilidades.   

 

   En el actual escenario la fragilidad fiscal más alta la registra La Rioja, que es altamente dependiente de los aportes discrecionales de Nación que en 2022, de acuerdo a un trabajo de la consultora Audemus de diciembre pasado, recibió el equivalente al 19 por ciento de su gasto primario por esta vía. En segundo lugar se ubicó la provincia de Buenos Aires, que en 2022 recibió transferencias nacionales por el equivalente al 6 por ciento de su gasto primario, mientras que sus déficits primario y financiero del período fueron del 1 y del 4 por ciento, respectivamente (siempre sobre el Gasto primario). Otras provincias, como Río Negro, San Luis y Neuquén, tuvieron déficits financieros bajos, de entre el 1 y el 2 por ciento del Gasto, pero lo financiaron con remesas no automáticas del Estado Nacional por entre el 2 y 3 puntos, lo que significa que deberán ajustar sus gastos en torno al 4 por ciento. Se destaca también el caso de Tucumán, que si bien no tuvo déficit, recibió el 5 por ciento de sus gastos de remesas discrecionales. En términos de fragilidad financiera, otro informe de Audemus, pero de comienzos de febrero de este año, señala que la peor situación la tiene precisamente la provincia de Chubut, que en 2024 debe enfrentar vencimientos equivalentes al 36 por ciento de su Gasto primario. Junto con La Rioja y Buenos Aires tienen una fragilidad financiera “muy alta”, seguidas por “Neuquén, Río Negro y Tierra del fuego”, con fragilidad “alta”. Como puede observarse frente al fuerte apriete de Nación era predecible que la rebelión comience por Chubut y toda la Patagonia, que sea La Rioja la primera en emitir una cuasi moneda y que Buenos Aires esté en el centro del huracán.

 

 

Salvo los extremos, los números provinciales no serían especialmente preocupantes en circunstancias normales. Quizá el caso de Chubut sea el más llamativo en tanto, a pesar de su extrema fragilidad financiera, en 2021 se dio el lujo de rechazar inversiones mineras mil millonarias en dólares, un dato negativo para el conjunto de la economía nacional, mientras se seguía endeudando y financiando con el apoyo de Nación, el que fue especialmente notable durante la gestión de Sergio Massa.

  Sin embargo, contra lo que reclama hoy el gobierno nacional, el problema inmediato de las provincias no está solamente por el lado del Gasto, sino especialmente en la proyección de ingresos. Por un lado, la alta inflación y la incertidumbre económica constituyen una limitación para refinanciar pasivos y aliviar la fragilidad financiera, pero por otro la profundización de la recesión agravará la recaudación de ingresos propios. Ingresos Brutos, por ejemplo, se cuenta entre los impuestos más procíclicos, entre los primeros que se dejan de pagar cuando la economía se contrae. Lo mismo puede decirse del Automotor y del Inmobiliario. Todo ello convive con la voluntad del Estado Nacional de recortar las transferencias no automáticas, los fondos específicos y la obra pública. En semejante escenario no habrá ajuste que alcance, mucho más cuando el grueso de los gastos provinciales no es precisamente en en “casta política”, sino gastos inelásticos en salud, educación y seguridad: maestros, médicos, enfermeros y policías. El intríngulis no es sólo ajustar o no ajustar, sino comprender la dinámica económica. Estos problemas comunes son los que consiguieron juntar a todos los gobernadores por encima de sus pertenencias partidarias, quizá un anticipo de la Argentina que viene. Queda en el tintero un debate que deberá darse cuando se supere la mera voluntad de destrucción del Estado, el del federalismo fiscal y el de la automatización de todas las transferencias para liberarlas de la discrecionalidad, de la negociación permanente o de las preferencias del gobernante nacional. También deberán encontrarse mecanismos para la unificación de políticas y de reglas, especialmente en materia de recursos naturales para que nunca más los caprichos locales desalienten actividades productivas exportadoras.