Basurales a cielo abierto: advierten que el caso de Miramar vuelve a exponer los riesgos para la salud y el ambiente

La situación ambiental de Miramar volvió a poner en evidencia la problemática de los basurales a cielo abierto en la provincia de Buenos Aires. Según una investigación difundida por TN, el predio de disposición de residuos del partido de General Alvarado continúa funcionando en condiciones críticas, pese a que la Justicia ordenó su cierre definitivo. En sí, las imágenes registradas expusieron un escenario de incumplimiento de las pautas establecidas por la Resolución 1143/02, que regula las condiciones de disposición de residuos sólidos urbanos en rellenos sanitarios. A esto se suma la denuncia sobre la existencia de un segundo vertedero clandestino en el barrio Las Flores, donde se habrían descargado residuos mediante camiones municipales.

Para el Consejo Profesional de Química de la Provincia de Buenos Aires (CPQ), la persistencia de estas condiciones, incluso frente a disposiciones judiciales, evidencia las consecuencias de la falta de soluciones efectivas y controles sostenidos.

En tal sentido, desde la entidad advirtieron que “los basurales a cielo abierto constituyen focos de contaminación que pueden comprometer gravemente la salud pública y el equilibrio ambiental”. De hecho, la descomposición de los residuos genera lixiviados capaces de contaminar el suelo y las fuentes de agua subterráneas y superficiales, además de liberar gases que afectan la calidad del aire. También puede existir la presencia de metales pesados, sustancias tóxicas y residuos peligrosos que requieren un tratamiento diferenciado y no pueden ser gestionados como basura común, señalaron desde la Mesa Directiva.

La preocupación del Consejo no es nueva. En un informe difundido anteriormente, el CPQ alertó sobre los riesgos de estos vertederos a partir de pericias que detectaron sustancias contaminantes en agua, suelo y aire en el basural conocido como “La Quema”, en Luján. Aquella advertencia puso de manifiesto la necesidad de fortalecer los controles, garantizar el cumplimiento de las normas ambientales y establecer políticas integrales para la gestión de los residuos en todo el territorio provincial.

En este marco, la institución remarcó que la falta de infraestructura, planificación y fiscalización puede prolongar durante años situaciones de riesgo para las comunidades cercanas. En ese sentido, el CPQ sostuvo que “la disposición inadecuada de residuos no constituye solamente un problema de limpieza urbana: es una cuestión ambiental, sanitaria y de responsabilidad pública”.

Uno de los aspectos más preocupantes señalados por la entidad es que, en numerosas ocasiones, el cierre de basurales se ha limitado a la colocación de un cartel con la leyenda “Basurero Cerrado”, como si esa declaración fuera suficiente para detener los procesos contaminantes. Por eso, desde el Consejo remarcaron que esta práctica evidencia una falta de criterio técnico y de comprensión de los riesgos que persisten aun después de la clausura de estos predios.

Asimismo, señalaron que esta modalidad contradice las responsabilidades contempladas en la Resolución 1143/02 de la Provincia de Buenos Aires, que establece la necesidad de mantener y controlar los rellenos sanitarios después de su cierre durante un período de 30 años. “La clausura no puede reducirse a una medida formal: debe incluir acciones concretas de saneamiento, monitoreo y control ambiental a largo plazo”, expresaron.

Frente a este escenario, el Consejo Profesional de Química reclamó a las autoridades competentes la adopción de medidas urgentes y efectivas para garantizar el saneamiento y el cierre ambientalmente seguro de los basurales que operan en condiciones inadecuadas, prevenir la aparición de nuevos vertederos clandestinos y asegurar el monitoreo ambiental de las zonas afectadas. También se consideró indispensable implementar sistemas de separación, tratamiento y disposición final de residuos que contemplen controles permanentes y la protección de quienes trabajan en estos espacios.

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