En lugar de poner paños fríos sobre una situación por demás compleja, el gobierno de Javier Milei decidió echar más nafta sobre los hospitales Garrahan y Posadas en medio de importantes recortes y la inexistente recomposición salarial ofrecida para sus trabajadoras y trabajadores. Según pudo saber El Destape, residentes de ambos establecimientos recibieron telegramas con posibles sanciones en caso de no levantar la medida de fuerza. Entre ellas, la pérdida de sus puestos de trabajo y de formación. “No nos dejen solos”, fue el pedido desesperado de los jóvenes residentes del Garrahan a quienes amenazan con despidos, mientras toda la planta de ese hospital salió a las calles este jueves otra vez contra el ajuste libertario.
“Residentes levantan el paro y retoman sus lugares de trabajo”, informaron desde las cuentas oficiales del Garrahan durante la noche del miércoles. En esa línea, la administración aseguró que los servicios “comenzaron a normalizarse” y remarcó que “se dispuso una mejora en los ingresos por beca que perciben los profesionales en formación”, algo que el personal no ve reflejado en sus salarios. A su vez, apuntaron que es un “requisito esencial” el cumplimiento de la asistencia y por eso, aplicaron un sistema biométrico para dicho control. “Bajo ningún punto de vista, el hospital evaluó reemplazar a los médicos residentes”, indicaron; mientras que afirmaron que las medidas de fuerza son mantenidas “por motivos políticos y defensa de intereses ajenos” a la institución.
Lo que evitaron decir, desde las autoridades del hospital pediátrico, es que en el proceso de supuesta negociación, amenazaron con importantes sanciones y posibles despidos a las y los residentes que luchan por una mejora salarial. “Nos vimos obligados a retomar nuestras actividades habituales a pesar de nuestra convicción de continuar con las medidas de fuerza por una recomposición salarial. Les pedimos que, en estos momentos de angustia, no nos dejen solos”, expresaron en un cruel y duro mensaje compartido a través de redes sociales.
De esta manera, el paro “indefinido” se vio atravesado por la actitud violenta y antidemocrática del gobierno libertario, que ya quiso atentar contra el derecho a la huelga y que, a su vez, amenazó con vetar el aumento jubilatorio y de la extensión de la moratoria, ambos aprobados por la Cámara de Diputados.